Ecuador, jueves, 15 Septiembre 2016
En un evento público (7/Sep/2016) en el que participaron algunos analistas económicos y varios políticos reconocidos por su oposición al gobierno, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador (FNCCE), presentaron la agenda “Consenso Ecuador” como una hoja de ruta para el futuro y en la perspectiva del proceso electoral que se realizará en febrero de 2017.
Explícitamente el documento se guía por estos “objetivos estratégicos”: estabilizar la economía, preservar la dolarización, proteger a los más pobres, recuperar competitividad, recuperar la democracia y las instituciones. La “agenda” se concreta en 11 temas: 1. revisar la contabilidad nacional; 2. aumentar la reserva monetaria; 3. nuevas reglas macro-fiscales; 4. reforma tributaria que recaude y fomente la inversión; 5. reformas para defender el empleo; 6. una red de protección para los más pobres; 7. recuperar la independencia y autonomía del IESS; 8. Ecuador potencia agroalimentaria; 9. recuperar la libertad de información; 10. reforma institucional de la democracia y el bienestar; 11. educar para emprender.
Bajo la etiqueta de “consenso”, parecería que esas cámaras se han propuesto encontrar un camino de armonía, de debate, con participación ciudadana y visión conjunta de amplios sectores, para acordar medidas que salven al país de la situación en que se encuentra.
Pero los presupuestos de los que parten y los 11 puntos que abordan, solo representan la visión que tiene un sector de elite del empresariado ecuatoriano. Es la visión de empresarios y políticos que, además de presuponer que en Ecuador no existe democracia ni institucionalidad, creen que sus conceptos e intereses deberían guiar la economía y la sociedad ecuatorianas. No es la visión de otros sectores sociales.
La línea orientadora final que subyace en el documento y las propuestas de las cámaras, es que la economía debe manejarse con criterios privados, sobre la base del libre mercado y la libre empresa.
En consecuencia, quedan fuera otros temas igualmente nacionales y que requieren otro tipo de consensos, como la institucionalización de amplias capacidades estatales, el fomento y afirmación de la economía popular y solidaria, el desarrollo del sector comunitario rural, la potenciación de la industria y la diversificación productiva, la democratización de los factores de la producción, la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de un sistema tributario más fuerte y directo sobre las capas más ricas de la población, la persecución a la evasión tributaria y a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales, la consolidación del sistema universal de seguridad social conjuntamente con la regulación estatal sobre seguridad y medicina privadas, el avance de nuevos y más amplios derechos laborales, el desarrollo de la educación pública y de calidad, la socialización de las utilidades, las regulaciones financieras y al comercio externo, la integración latinoamericana en términos distintos a los acuerdos de libre comercio o el control al capital extranjero.
En todo caso, lo que la experiencia histórica ha demostrado en América Latina y en Ecuador (como ocurrió desde la década de 1980 hasta inicios del nuevo milenio) y que estudios científicos como los de la CEPAL han confirmado, es que los “modelos” de economía basados en el retiro del Estado, el mercado libre y el capital privado, si bien producen buenos negocios y acumulan y concentran la riqueza, han sido tremendamente negativos para las condiciones de vida y de trabajo de la más amplia población nacional.
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