Ecuador, viernes, 14 Octubre 2016
Con motivo de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2017, se ha desatado una campaña diaria, coordinada, que articula medios de comunicación privados, cámaras de la producción y candidatos de la derecha política, con el propósito de bombardear a la ciudadanía con una idea: hay que rebajar impuestos, suprimir algunos, revisar otros.
Con el argumento de que la población está sometida a “excesivos” impuestos, se trata de convencer al país que la rebaja, revisión, alivio o reformulación de impuestos es conveniente para incentivar la producción, para que las empresas no se vean asfixiadas en una época de “crisis”, para que los recursos destinados a la inversión se incrementen y para que el “sector privado” nacional o extranjero se sienta estimulado y “traiga” su dinero al país.
La Cámara de Comercio de Quito incluso encabeza el foro denominado “Consenso Ecuador”, en el que propone 11 medidas para un debate o análisis nacional. Pero la preocupación central está en los impuestos, de manera que la propuesta empresarial sobre este tema se concreta en los siguientes puntos: 1. Impuesto de tasa única (Flat Tax) sobre la renta de las personas y sociedades; 2. Eliminación del Anticipo del Impuesto a la Renta; 3. Derogación del Impuesto a la Salida de Divisas; 4. Reducción del Impuesto al Valor Agregado del 12% al 10%; 4. Unificación del impuesto verde y otros relacionados a los vehículos; 5. Derogación del Impuesto a la Herencias, Legados y Donaciones; 6. Eliminación del ICE a las Telecomunicaciones y focalización del ICE a los vehículos motorizados.
La campaña contra los impuestos parece que va ganando terreno. Y en ello coincide la derecha empresarial con la derecha política.
Pero las posiciones anti-impuestos no son nuevas en la historia económica del Ecuador. En realidad vienen desde la época de la Revolución Juliana (1925) que fue pionera en introducir los impuestos directos sobre las rentas e incluso sobre las ganancias del capital.
En forma continua, el impuesto a la renta ha sido normalmente burlado por las elites económicas del país. Creen que la riqueza que han formado proviene de su propio trabajo y no están dispuestas a que sean afectados esos ingresos, cuando la historia y la economía han demostrado, en forma categórica, que semejante acumulación siempre provino del uso y beneficio de mecanismos sociales de enriquecimiento, que incluyeron, entre otros, los bajos y hasta miserables salarios para los trabajadores.
Los estudios actuales de la CEPAL sobre los impuestos en América Latina demuestran que persisten la evasión y la elusión tributarias, que el impuesto a la renta para las capas más ricas es ínfimo y que la concentración de la riqueza en la región aún no ha sido abatida.
Si se aplicaran los criterios de los comerciantes de Quito, las 638.000 personas que antes no pagaban impuestos, tendrían que pagar 545 millones de dólares; pero, en cambio, las 392 personas más ricas del país, rebajarían sus impuestos a la renta porque tendrían que pagar solo 94 millones de dólares (datos del SRI). Así es que las propuestas anti-impuestos solo tienen en la mira el alivio de su pago para las capas más ricas de la población y el interés por la acumulación individualizada.
Contrariando la visión del bombardeo anti-tributario de cada día, en Ecuador la tasa impositiva es todavía menor que la de América Latina. Una política de redistribución clara y radical de la riqueza exige incluso el aumento ya no solo del impuesto a la renta para las capas más ricas, sino más fuertes impuestos a sus patrimonios, que incluye el impuesto sobre las herencias. El principio de progresividad significa que, al mismo tiempo, las capas con menores ingresos paguen menos o estén exoneradas del impuesto a la renta.
Hay suficiente experiencia histórica sobre la relación entre impuestos y bienestar, como es el caso de Europa, donde precisamente la construcción de los Estados de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo por base los impuestos directos, particularmente sobre rentas y patrimonios. El neoliberalismo galopante en la misma Europa ha puesto en jaque los logros y avances sociales; pero aun así, en los países nórdicos, donde puede decirse que existe un tipo de socialismo del siglo XXI, es la política tributaria alta la que garantiza las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos; y en Dinamarca, la población es tan sensible al tema que se lanza a las calles cada vez que se intenta rebajar el sistema de impuestos, porque sabe que con ello caerán los servicios gratuitos de los que goza la ciudadanía.
En Ecuador hay que repensar la sociedad y el Estado. Porque el mantenimiento futuro de servicios como educación pública y gratuita, atención médica igualmente pública y gratuita, seguridad social universal, inversiones estatales en infraestructura social y, en general, la sostenibilidad y creación de un Estado de beneficios colectivos (Buen Vivir), exige fortalecer el sistema tributario directo, que sin dudar afecte a quienes más tienen y provoque la alteración definitiva de la concentración de la riqueza en una elite que históricamente ha carecido de conciencia y responsabilidad social y estatal. El Estado no es garante ni promotor de la “competitividad”, sino del bienestar social y del reparto justo de la riqueza nacionalmente creada.
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